Podría cancelación de outsourcing elevar carga fiscal: empresarios

Al pronunciarse por que se permita el uso de la subcontratación en sus modalidades de insourcing y outsourcing, los representantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Coparmex y del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), expusieron que cancelarlo y mantener la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa (PTU) en 10% convertirá al país en uno de los más caros del mundo con una tasa impositiva de 40%, considerando el 30% del ISR.

Lo anterior, explicó Antonio del Valle, presidente del CMN, se “convertiría en un freno a la competitividad del país y a la atracción de inversiones, y en un incentivo para desarrollar estructuras inclusive fuera de México que minimicen el impacto de las empresas. Esto puede terminar afectando la inversión, el crecimiento y la generación y calidad de los empleos en México”.

Añadió que la reforma fiscal del 2013 incrementó los impuestos a las personas morales y eliminó la consolidación fiscal, “también se ha incrementado la eficiencia recaudatoria del Servicio de Administración Tributaria, por ello, la recaudación de personas morales, ha sustituido al petróleo como principal fuente de financiamiento del gasto público en México”.

Por lo que en caso de llevar adelante la cancelación de la subcontratación, dijo, sin la imposición de límites razonables, “México podría volverse poco atractivo para la inversión y también disminuir significativamente, las tasas internas del retorno de los proyectos”.

En su momento, José Medina Mora, presidente de Coparmex, destacó que se debe mantener la fórmula con la que se ha fijado la PTU, “pero con la corrección de mantener el servicio especializado de subcontratación interna y externa; aunque otro tema sería explorar los impuestos, aunque no es en este foro, pero vale la pena explorar”.

En el sector de las tecnologías y comunicaciones, “la mayor parte de las empresas cumplen con la ley y respeto a todos los derechos de los trabajadores; pero en caso de que haya abusos, se deben sancionar, si hay empresas que tienen prácticas abusivas, la autoridad deben sancionarlas”.

Por su parte, Bosco de la Vega, presidente del CNA, expuso que “hablar de flexibilidad no es igual a salarios bajos e informalidad, en el sector agropecuario, el campo está pagando bien. En el caso del sector agroalimentario queremos construir el mejor escenario, y es oportuno señalar que la subcontratación ha contribuido a que se formalicen el empleo y que se otorgue seguridad social”.

Se requiere un nuevo marco jurídico para sancionar
Luego de que los representantes del sector empresarial demandaran en sus propuestas que, antes de una reforma, la autoridad laboral debe sancionar a las empresas que han abusado del esquema de subcontratación, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, enfatizó que “esta iniciativa, surge de la necesidad de tener un marco jurídico que permita sancionar, inhibir y limitar esquemas abusivos”.

Por ello, la propuesta del Presidente, dijo, “unifica las leyes laborales con las fiscales, no sólo hay conceptos homogéneos, sino que “permite, en el entendido que se requiere la subcontratación de servicios y obras especializadas esta actividad, pero prohíbe la subcontratación que busca la sustitución del verdadero empleador; porque tiene que haber un responsables tanto por los empleadores y trabajadores”. Añadió que ya hay límites más claros de lo que necesita el sector para poder ser atractivos a las inversiones.

Por otro lado, la participación del presidente de la Unión Nacional de Trabajadores, Francisco Hernández Juárez, dejó en claro que apoyarán la propuesta presidencial y defenderán el PTU.

Con información de El Economista.